Julia Gutiérrez Lerones
Delegada de Enseñanza de la Diócesis de Valladolid
Revista Iglesia en Valladolid - Nº 327, 1-15 Diciembre 2019
La libertad es
la condición
indispensable para
ejercer derechos y deberes,
sobre todo en lo que concierne a la educación de
sus hijos que seguro es lo
que más les importa.
Decimos esto porque
el viernes, 14 de noviembre, muchísimos sectores
de nuestra sociedad
hemos puesto el grito en
el cielo, a través de distintos medios informáticos y
periodísticos, después de
que la ministra de Educación en funciones, Isabel
Celaá, declarara en el XV
Congreso de Escuelas Católicas que la elección de
centro educativo por
parte de los padres no
forma parte de la libertad
de enseñanza que aparece
recogida en el artículo 27
de la Constitución Española. Estas declaraciones
son preocupantes por el
matiz que puede tomar la
política educativa del
PSOE si llega a formar Gobierno ya que si un Gobierno utiliza las
instituciones del Estado
para cercenar libertades
fundamentales estaría imponiendo un sistema dictatorial en el que la sociedad civil ya no tendría la
palabra, en el que ustedes,
padres y madres, no podrían decidir libremente lo
que desean para sus hijos.
Leyes internacionales,
nacionales y sentencias de
nuestro Tribunal Constitucional avalan la libertad de
los padres y madres para
elegir la educación que
quieren para sus hijos, en
relación con la educación
religiosa y para con el centro educativo que deseen,
sea público, concertado o
privado. Algunos ejemplos
son: la Declaración de los
Derechos Humanos (artículo 26); los Acuerdos del
Estado Español con la
Santa Sede (parte II), que
tienen carácter internacional; la Constitución Española (art. 16, 27,
fundamentalmente); la reciente Sentencia del Tribunal Constitucional 31/2018
de 10 de abril de 2018, que
se apoya en estos Tratados
y Acuerdos internacionales
ratificados por España.
El Tribunal Constitucional señala la libertad de
creación de centros docentes, el derecho a que los
centros establezcan el ideario propio y el derecho de
los padres a la elección de
centro porque este forma
parte del derecho a la educación señalado en el art.
27 de la Constitución, vinculando el derecho con la
libertad.
La ministra también
dijo en este Congreso de
Escuelas Católicas que
tiene la intención de implantar su propuesta conocida como ‘Ley Celaá’, que
es el Anteproyecto de Ley
Educativa que elimina la LOMCE y que se aprobó en
el Consejo de Ministros, el
pasado 15 de febrero.
En estos momentos lo
que creo que tenemos que
hacer es sembrar mentalidad y trabajar en todas las
instituciones sociales posibles, porque queremos
para nuestros hijos una
educación libre de ideologías, en que el ejercicio de
sus libertades permita
también el ejercicio de sus
derechos y deberes para la
construcción del bien
común de todos y de cada
una de las personas que
formamos la sociedad española. Esto sí sería establecer los pilares para una
buena política educativa.
No podemos dejar a la
espontaneidad que se respeten sus derechos a la libertad de elección, dada la
predominante ideología
que camina por vías indeseables.
La última palabra es
suya porque ustedes son
los responsables primeros
y originarios de la educación de sus hijos.
El “lapsus”
14 de noviembre de 2019
En relación a las palabras de la ministra
en funciones Isabel Celaá sobre que elegir
centro educativo para los hijos no es un
derecho que emane del artículo 27 de la
Constitución, el obispo auxiliar de Valladolid y secretario genera de la CEE, don Luis
Argüello señaló lo siguiente:
“El artículo 27 de la Constitución,leído
en sus 10 puntos, es la expresión básica
del pacto educativo en España con tres pilares: derecho a la educación, libertad de
enseñanza y derecho de los padres.
Esperamos que, en el marco del tono
cordial de la salutación de la ministra, la
exclusión del derecho de los padres haya
sido un lapsus. De no ser así, supondría
un giro en la política educativa de extraordinaria gravedad para el derecho de
los padres y la libertad de enseñanza en
una sociedad tan plural que precisa unas
bases educativas comunes y un desarrollo
conforme a las convicciones de las familias y su iniciativa social, en el espacio público que las Administraciones han de
garantizar conforme a la Constitución y
los Tratados internacionales firmados por
el Estado”.
