Ya lo explicó alto y claro la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, -poco sospechosa de estar del lado de la derecha- en el Congreso. La escuela concertada no es para los ricos. La propia Oramas puso como ejemplo a los salesianos que trabajan en los barrios más pobres de Sevilla con los menas -el de las 3.000 viviendas- o de Canarias. Oramas recalcó que tanto la enseñanza religiosa como la privada son piezas claves del sistema educativo español, precisamente, por la labor social que desempeñan. 

Iba por buen camino la diputada al referirse a congregaciones como la de los Salesianos, que desarrollan gran parte de su labor con la enseñanza a los más pobres. Y junto a ella, los Escolapios, que nacieron con ese fin o los Franciscanos dedicados por entero a las zonas más pobres.

En la comunidad de Madrid, según los datos referidos al curso escolar recién terminado -publicados por La Razón-, en 14 de los 21 distritos, las familias optaron de manera mayoritaria por matricular a sus hijos en colegios concertados, siendo igualmente superior en algunos de los distritos con renta per cápita más baja de Madrid. De hecho, de los 347.435 alumnos que han cursado estudios en centros sostenidos de la ciudad con fondos públicos durante el curso 2019/2020, 204.145, es decir, el 58,75%, lo han hecho en centros concertados, mientras que los restantes 143.290 (41,25%), en centros públicos.

Algunos de estos distritos más desfavorecidos que cuentan con más alumnos de educación concertada que de pública son Carabanchel, en el que un 59,77 por ciento de los casos elige la primera frente al 40,22% que se decanta por la pública; Latina, con cifras del 60,12% frente al 39,87%; Moratalaz, un 52,08% frente a 47,92%; Puente de Vallecas, que presenta un 55,87% frente a un 44,13% y Usera donde el 56,36% va a centros concertados y el 43,64% a centros públicos. A este respecto, el consejero de Educación, Enrique Ossorio, volvió a defender ayer la continuidad de la concertada ante la exclusión de las ayudas de 2.000 millones de euros a repartir entre las comunidades autónomas, propuesta en la Comisión de Reconstrucción Económica y Social tras la Covid-19 del Congreso. Y es que tal exclusión de la concertada de esos fondos obliga a los padres a pagar de su propio bolsillo materiales como ordenadores para sus hijos. Y todo, mientras con sus impuestos siguen sosteniendo la educación pública. 

Siguiendo con el mito de que la concertada es para ricos, otro ejemplo: en la zona de Madrid Sur, la Fundación Educatio Servanda, que gestiona los centros concertados Juan Pablo II, ha instalado también dos de sus colegios en Alcorcón y Parla -dos localidades, como todo el mundo sabe, con una renta per capita de las más altas de la Comunidad Autónoma, o así, que dijo un vasco-.

Celaá avanza mentira sobre mentira hacia un cerco a la educación concertada mientras sigue sosteniendo que no hay tal oposición a este tipo de educación, continúa sin reconocer que con la concertada el Estado se ahorra más que con la pública, y que el trato es equitativo entre escuela concertada y escuela estatal. Los mundos de Celaá...