Publicado en Cartas al Director en Hispanidad.com
Sr. Director:
A estas alturas del siglo XXI en España se ponen en duda derechos/deberes y libertades propias de un Estado de Derecho, de un Estado democrático. Esto es así porque el Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos no reconoce que todos tenemos derecho al ejercicio, promoción y defensa de lo que nos es más íntimo: la libertad y la vida trascendental.
España con su Carta Magna, la Constitución, había alcanzado un consenso en materia de educación que viene reflejado especialmente en sus artículos 16 y 27, inspirando leyes educativas que regulaban el ejercicio de derechos/deberes y libertades.
Pues bien, en estos momentos se agrava para los padres y madres ese ejercicio pues la Sra. Celaá, Ministra de Educación, tramita en el Parlamento su propuesta de Ley educativa, denominada LOMLOE, justo en el momento menos oportuno por la crisis sanitaria, social y económica de la Covid-19, poniendo en tela de juicio ese consenso ya que ha redactado su propuesta educativa de modo unilateral y arbitrario. Por tanto, lo que está en juego es la misma libertad con todas sus consecuencias.
Todo esto perjudica a la libertad de enseñanza, de elección de centro educativo y a la enseñanza de la religión en la escuela aplicando un laicismo excluyente que se había superado con la Constitución, algo que estoy segura que a la sociedad civil no le interesa pues como se demuestra en cada curso escolar la enseñanza de la religión católica viene refrendada por las familias en porcentajes altos (61%, cerca de 3.300.000 millones de alumnos), lo que pone de manifiesto que se la elige porque es fundamental para la educación integral de los hijos. Además, se la elige libremente pues nadie está obligado a cursar la materia.
La escuela debe ofrecer esta asignatura porque la educación integral es su finalidad. Pero esta educación, al no existir un Pacto de Estado, vuelve a estar sometida a los vaivenes de las ideologías de los partidos de turno, en este caso por el PSOE y Unidas Podemos que no aprecian su carácter académico. Hay que decir que fue voluntad del PSOE abandonar la mesa que estudiaba un Pacto Educativo de Estado.
En la gran mayoría de los países de Europa (exceptuando parte de Francia porque en Alsacia y Lorena la asignatura se basa en el Régimen Concordatario), existe la asignatura de religión en el currículo escolar, de modo estable y regular, con una carga lectiva semanal que en algunos de ellos llega a las 3 horas de clase, estando incluida de distintos modos.
Una vez más, el Gobierno evita fijarse en Europa o en los países que tienen un alto grado de desarrollo y de éxito escolar como es el caso de Finlandia, Dinamarca, Austria, Bélgica, Luxemburgo, Suecia, Reino Unido, Alemania, donde estas enseñanzas tienen carácter confesional, obligatorio o de posible exoneración en algunas regiones de estos países, incluso con valoración de exámenes públicos.
Por el contrario, nuestro Gobierno de coalición ignora el valor académico y la necesidad de cursar la asignatura de religión para el desarrollo integral y promoción cultural y social de la persona, limitando o dificultando su elección al proponer eliminar la materia alternativa a la religión, el valor de la nota media para la EBAU y las becas, la evaluación misma, dificulta su encaje en el horario escolar y peligra la carga lectiva que ya de por sí es insuficiente.
En primera instancia pertenece a las familias la reivindicación de su participación política en estos asuntos al ser las primeras y originarias responsables de la educación de sus hijos. La función del Estado ha de ser subsidiaria de la familia y el Gobierno se debe al cumplimiento del principio de subsidiariedad, y así ha de ser la presencia y apoyo a la familia por parte de la Iglesia y del profesor de religión.
Por ello, tanto las familias, como a nivel individual, asumimos esta responsabilidad en la educación integral de los hijos y reclamamos los derechos de la libertad de enseñanza, de elección de centro educativo, según las necesidades de cada uno, de educar a los hijos según las propias convicciones morales y religiosas.
Propongamos una presencia curricular de la asignatura de religión católica, de elección libre, seria y rigurosa, con una carga lectiva digna (2 horas semanales), con una asignatura alternativa también seria y rigurosa, que se mantenga el valor de la evaluación, que es un criterio pedagógico imprescindible en la enseñanza curricular y el valor de la nota para la media y las becas. Propongamos que la libertad de elegir centro educativo se mantenga, no permitiendo que la “demanda social” se elimine, todo ello porque en democracia prima la voluntad de las personas sobre las ideologías, estructuras, e instituciones.
Por Julia Gutiérrez Lerones, delegada de Enseñanza del arzobispado de Valladolid ( mayo 2020)
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Publicado en Religionenlibertad.com
El 25% de los alumnos de Primaria, Secundaria y Bachillerato opta en España por la educación concertada, es decir, uno de cada cuatro estudiantes no universitarios. Pero el Gobierno de coalición socialista-comunista liderado por Pedro Sánchez acaba de excluir a estos centros de los 2.000 millones de fondos de ayuda de reconstrucción post-coronavirus dedicados a la enseñanza afirmando en un borrador presentado en el Congreso que “la totalidad del incremento de la inversión irá destinada a la educación pública de gestión directa”.
No ha sido una medida burocrática concreta sino que forma parte de una estrategia claramente ideológica y premeditada que pretende arrinconar, asfixiar y finalmente hacer desaparecer los colegios concertados, cuyo ideario en muchos casos sigue un pensamiento cristiano.
Acoso y derribo contra la concertada
La medida presentada en el Congreso es sólo la punta del iceberg de este viraje ideológico que tiene una clara manifestación en la Ley Celaá de Educación que se está tramitando a la vez en la Cámara Alta y que sigue con este acoso y derribo contra la educación concertada.
El borrador apoyado por PSOE y Podemos y criticado por PP, Vox o JxCat decía lo siguiente: “Fortalecer la educación pública como columna vertebral de nuestro sistema educativo, incrementando la inversión de forma coordinada con las comunidades autónomas en el marco de la Conferencia Sectorial. La totalidad del incremento de la inversión irá destinado a la educación pública de gestión directa”.
La respuesta de centros, familias y docentes no se ha hecho esperar, pues ya estaban en pie de guerra contra el proyecto de ley de Educación y tras el desafío directo que la ministra Celaá les hizo en un congreso de colegios católicos donde directamente les dijo que la libertad de elegir centro no es un derecho constitucional.
Escuelas Católicas, que representa a casi 2000 centros, más de 1,2 millones de alumnos y más de 103.000 trabajadores, ha respondido claramente a este nuevo ataque al excluir a la concertada de las ayudas. En un comunicado, afirman que “discrimina a las familias que eligen la enseñanza concertada, trata de hundir a todo un sector aprovechando la debilidad provocada por la pandemia y consolida el tono absolutista de Podemos frente a la pluralidad educativa que corresponde a una sociedad democrática y prevalece en toda Europa”.
De este modo, desde esta enorme red de colegios concertados denuncian claramente que “el Gobierno, inclinado por la imposición de Podemos, ha introducido unas propuestas que, en contra de lo que siempre aseguran desde el Ministerio de Educación, suponen un claro ataque a la enseñanza concertada”.
"Dividir a la sociedad española"
Según las palabras de la propia Ministra de Educación, esta enseñanza no tiene nada que temer, y mientras tanto se promueven ayudas exclusivas para la enseñanza pública y se anuncian puestos en la enseñanza pública para todos los españoles, especialmente en la etapa 0-3, excluyendo deliberada y explícitamente a la enseñanza concertada. “Todo ello supondría en la práctica la asfixia de la enseñanza concertada. Esta deriva dictatorial, impropia de un país democrático y plural, nos hace preguntarnos quién está realmente gobernando en España”, agrega Escuelas Católicas.
José María Alvira, secretario general de Escuelas Católicas, denuncia la hipocresía del Gobierno. En este plan de reconstrucción post-coronavirus querían llegar a acuerdos “para salir más unidos y más fuertes” pero se ha elegido “dividir a la sociedad española, introduciendo elementos que no tienen nada que ver con el coronavirus”.
José María Alvira es secretario general de Escuelas Católicas
"Hacia un sistema dictatorial"
En su opinión, España camina “hacia un sistema dictatorial, estatalista y poco respetuoso con la pluralidad de la sociedad española” y hacia “una escuela única, al estilo de Corea del Norte, Cuba y China, porque no hay más referentes”.
De manera contundente se manifestó también el presidente de Escuelas Católicas de Asturias (FERE-CECA y EyG), Simón Cortina: “Me parece increíble, somos centros sostenidos con fondos públicos. Si las familias tienen el derecho a elegir libremente la red en la que escolarizar a sus hijos, en igualdad de condiciones, ¿por qué luego se hacen estas distinciones? ¿En base a qué?”.
Cortina defendía que “nuestras necesidades son iguales, o incluso mayores, porque el Gobierno sabe que el módulo económico no cubre las necesidades de la concertada. Lo saben". A eso añade que la ratio de docentes por alumnos es inferior en la concertada que en la pública, siendo incluso en Asturias "la más baja del país”.
Una estrategia estudiada
La estrategia contra la educación concertada que está llevando a cabo en estos momentos en toda España es la misma que lleva años desarrollándose en la Comunidad Valenciana gobernada por PSOE, Podemos y Compromís,formación de izquierda nacionalista.
Allí han optado por una estrategia de estrangulamiento y asfixia de la educación concertada ante la imposibilidad de cerrar sin más la gran cantidad de colegios concertados. Su objetivo primero fue limitar su crecimiento y a partir de ahí comenzó la reducción de aulas y alumnos de estos centros en favor de colegios públicos. Esto unido a las dificultades económicas a las que se enfrentan los centros concertados supondría una muerte lenta de este modelo, que es precisamente lo que pretende ahora el Gobierno central.
Los peligros de la Ley Celaá
El borrador del Congreso excluyendo las ayudas económicas tiene como objetivo la asfixia económica mientras que la Ley Celaá se centra en el freno y discriminación al modelo, lo que también ha puesto en pie de guerra a la concertada. Estos son 10 de los puntos más polémicos de una ley ideológica que atenta contra la libertad de los padres y los centros que recogía Jesús Muñoz de Priego, abogado experto en Derecho Educativo, asesor de organizaciones educativas católicas y miembro de la Asociación Católica de Propagandistas:
1- La LOMLOE supone volver a imponer una ley partidista e ideológica, sin visión de Estado y sin atender el clamor ciudadano y de la comunidad educativa por la estabilidad y a favor de un Pacto de Estado por la Educación.
2- La LOMLOE pretende eliminar la demanda social como elemento a tener en cuenta en la programación de puestos escolares. Es decir, que la Administración ni siquiera debe valorar la elección de las familias, de todos nosotros, los ciudadanos, para establecer las vacantes.
La eliminación de la demanda social supone un paso más a la planificación unilateral de la Administración, el cierre de unidades concertadas con demanda en beneficio de públicas vacías o la consideración de subsidiaria de los centros concertados.
3- La LOMLOE se inventa un “derecho a la educación pública”. El único derecho existente es el “derecho a la educación”, y el mismo se garantiza mediante plazas suficientes en los centros sostenidos con fondos públicos, también, por tanto, en los de iniciativa social o concertados.
4- Vuelve a postergar la enseñanza de la religión: sin alternativas y sin efectos en la evaluación. Uno de los objetivos tradicionales de los gobiernos de izquierda es su opción por el laicismo activo, como ideario de la educación, y con esta Ley lo quieren aplicar incluso en los centros que no son de su titularidad.
5- Se crea una nueva asignatura de Educación en valores cívicos y éticos. Otra “Educación para la ciudadanía” no basada en valores consensuados y compartidos, sino como instrumento de adoctrinamiento.
6- El Consejo Escolar vuelve a funciones de gobierno de la LOE, también en la concertada. Nadie cuestiona la labor de participación y de control económico del Consejo escolar, pero como gobierno supone la posibilidad de establecer frenos a la razón de ser del centro: su ideario.
7- La LOMLOE insiste sospechosamente en los derechos de la infancia, que nadie cuestiona. Intuimos nuevo ataque a las familias, que incluye el olvido de que el garante principal de los - mismos son los padres mediante la institución de la patria potestad, no el Estado.
Es inevitable que al ver esta insistencia en los derechos de la infancia, la pongamos en consonancia con la desafortunada reflexión de la Ministra Celaá, de que “los hijos no pertenecen a los padres”. Igual cabría preguntarle si en su opinión ¿pertenecen al Estado, tal vez?
8- Surge la posibilidad de distribución del alumnado por la administración para evitar segregación educativa. Hay quien opina que es una garantía de igualdad. ¿No es más igualdad que la familia elija el que crea el mejor centro para su hijo, en lugar de hacerlo la Administración?
9- La LOMLOE insiste, como las leyes anteriores, en la ausencia de autonomía de los centros. En realidad, hace hincapié en la desconfianza, la centralización, el intervencionismo, las injerencias... sin margen para los centros.
10- Junto a las declaraciones del Ministerio, parece que la LOMLOE cuestiona la supervivencia de los centros específicos de educación especial. Inclusión, Sí... Especial, también. Otro límite a la Libertad de Enseñanza.
Padres, colegios, expertos y también la Iglesia contra el proyecto de Ley de Educación
