Publicado en Infocatolica.com
En su carta semanal, Mons. Jesús Sanz Montes, arzobispo de Oviedo, ha pedido alzar la «voz para reivindicar una ley de educación que no sea liberticida, sino respetuosa con los primeros depositarios de la tutela y responsabilidad educativa como son los padres»
Educar es un riesgo… apasionante
Es justo que alcemos nuestra voz para reivindicar una ley de educación que no sea liberticida, sino respetuosa con los primeros depositarios de la tutela y responsabilidad educativa como son los padres de nuestros niños y jóvenes
Monseñor Jesús Sanz Montes –
Estamos en una etapa en la que tratamos de recuperar el tiempo perdido inevitablemente por causa de esta circunstancia pandémica. Una de las cuestiones pendientes es la educación y su ley gubernamental, que miramos con enorme preocupación por los modos, censuras e imposiciones que apuntan sus peores maneras. Educar es un riesgo, pero algo hermoso, tal vez lo más bello que hay en la responsabilidad de unos padres, de unos maestros, de unos sacerdotes y religiosos. Educar no es domesticar, sino acompañar con respeto en el descubrimiento de la vida en todos sus factores y saberes, sugiriendo cuestiones, señalando caminos y aprendiendo de los verdaderos educadores que han sembrado semillas de bien, de belleza y de verdad, en el corazón y en la inteligencia de los que se les ha confiado por motivos familiares, escolares o religiosos.
La educación verdadera no tiene prejuicios ni pretensiones, sino el deseo humilde de transmitir respetuosamente lo que ha sido importante en la propia vida de unos padres, unos maestros, unos religiosos y sacerdotes. Esto es lo que llamamos tradición cultural que, si es verdadera, no será nunca ideológica. No sucede así con las pretensiones de quienes, desde la política más partidista, quiebran esta libertad en aras del control de las futuras generaciones viendo en ellas una herramienta torticera de perpetuación o de arrebatamiento de una prole tierna en sus convicciones, vulnerable en sus principios, y manipulable en sus sentimientos. Esto explica cómo ha habido y sigue habiendo esta intencionalidad de hacerse con el control más usurpador, la maniobra más despótica, de quienes ven en la educación un instrumento de poder cercenando la libertad sacrosanta de los padres y hasta de los mismos niños y jóvenes en cuestión.
Dentro de la educación cristiana que a través de los cauces docentes ofrecemos a nuestros niños y jóvenes, no sólo están los contenidos que abarcan las ciencias, las artes o las letras, sino que hay también una perspectiva que podemos llamar moral, que consiste en un modo concreto de mirar las cosas, de tener un juicio de lo que hay, de lo que falta, de lo que sobra; de cuanto nos fundamenta o lo que nos destruye, lo que nos separa con insidia o lo que complementariamente nos une. Este es el balcón al que nos queremos asomar desde una perspectiva cristiana. Y quien puede y debe decidir este horizonte no es el Estado, sino quienes, amparados en el derecho natural y el que emana de nuestra Constitución Española, tutelan la educación integral de nuestros hijos y nuestros jóvenes.
Porque junto a los temas científicos, artísticos o literarios, aparecen también los horizontes morales que hemos ido aprendiendo y construyendo desde el Evangelio y desde dos mil años de cristianismo a través de tantos ambientes sociológicos, políticos y culturales. Quizás no siempre ha habido coherencia entre lo que sabemos y reconocemos como verdadero y hermoso, y lo que luego nuestra vida llevaba adelante en el trasiego cotidiano. Pero, incluso, hemos aprendido también de los errores, además de custodiar con gratitud lo que de cierto y virtuoso ha adornado nuestro modo de ver las cosas importantes como son las grandes preguntas de la existencia al cuestionarnos sobre la vida y la muerte, el amor y sus sucedáneos, la mentira y sus trampas, la paz y sus traiciones, la justicia y tantos otros valores de nuestra ética cristiana.
Cuando se nos pretende arrebatar esta alta responsabilidad en aras de un estatalismo doctrinario, cuyos referentes son conocidos en países que con enorme sufrimiento y descalabro entre las dictaduras más invasoras, más excluyentes, más lesivas contra la dignidad de la persona y su legítima libertad de conciencia, religiosa y cultural, es justo que alcemos nuestra voz para reivindicar una ley de educación que no sea liberticida, sino respetuosa con los primeros depositarios de la tutela y responsabilidad educativa como son los padres de nuestros niños y jóvenes. No el ministerio de turno, ni los calendarios políticos de los mandamases, sino el bien integral que acompaña a quienes han sido instrumentos de Dios para llamar a la vida a unos pequeños que no quieren dejar su devenir y futuro en manos de cualquiera.
Durante la homilía en la Misa de acción de gracias celebrada en la catedral de Valencia en el 50 aniversario de su ordenación sacerdotal, el cardenal Antonio Cañizares mostró su deseo de que no se apruebe la ley de educación del gobierno social-comunista de España.
El cardenal explicó de la siguiente manera su oposición a la Lomloe, también conocida como Ley Celaá:
«Deseo que no se apruebe la Ley de Educación. Los niños hay que educarles no imponiéndoles modelos de conocimiento o de ética. No hago política, no puedo callar. Las imposiciones llevan a una dictadura. En estos momentos estamos ante el gran reto que tenemos y es el futuro del hombre de esta educación, que debe estar al servicio del hombre de una sociedad nueva en la que los padres sean los primeros educadores. En la nueva Ley quien educa es el Estado y a quienes compete educar a los hijos es a los padres. Los demás, como el Estado, colaboramos con los padres en la educación de los hijos. No callemos, no tengamos miedo. Dios por encima de todo, que la Virgen y san Vicente Ferrer, que no se calló nada, nos ayuden».
El purpurado aseguró que vivimos «tiempos difíciles y es la hora del testimonio de Dios, de la defensa del hombre, del Evangelio de la vida y de la familia, de la libertad religiosa y los derechos humanos fundamentales, del pobre, del inmigrante, de los que están siendo maltratados, como ocurre en Venezuela». Y ha recalcado:
«Es la hora de la fe, la confianza y la esperanza, del anuncio del Evangelio, Dios está siempre con nosotros. No calléis ni ocultéis la luz del Evangelio, el amor de Dios, su perdón y misericordia».
El Gobierno de Pedro Sánchez sigue adelante con su proyecto de Ley de Educación (LOMLOE), conocida ya popularmente como “Ley Celaá”, por el nombre de la ministra que lidera esta normativa.
Pese a que el Gobierno gracias al apoyo de PSOE, Podemos y otros partidos de izquierda no tiene pensado dar marcha atrás, su proyecto se ha encontrado con la férrea oposición de colegios concertados, profesores, familias y también de la propia Iglesia.
Cuando los hijos no pertenecen a los padres
En primer lugar se critica que el Gobierno quiera derogar una ley que se hizo sin consenso para aprobar otra que tampoco lo tiene y que no ha contado para nada con los grupos afectados. Pero sobre todo, las críticas se dirigen a la “ideologización” que emana de este proyecto y que tiene como objetivo atacar duramente la educación concertada y la libertad de los padres para elegir la educación de sus hijos, tal y como defiende la Constitución Española.
Sin embargo, no extraña esta actitud con las familias cuando la propia ministra desafío en directo en un congreso de colegios católicos a los presentes asegurando que "no podemos pensar de ninguna de las maneras que los hijos pertenecen a los padres".
La Iglesia sale en defensa de familias y centros
La asignatura a la Religión Católica es otro de los objetivos de este proyecto de ley, y la propia Conferencia Episcopal Española se ha mostrado este miércoles contraria a ella. “Tras examinar con atención el actual Proyecto de Ley, nos parece tener que insistir en la necesidad de proteger y promover el derecho a la educación y la libertad de enseñanza, tal como se explicitan en la Constitución y en su interpretación jurisprudencial. Nos preocupa que se recojan plenamente las consecuencias de estos principios en la nueva Ley, y en primer lugar el respeto por la responsabilidad y los derechos de los padres en la educación de los hijos. Si el Estado tiene una tarea principal en la defensa y la promoción del bien de la educación para todos, no es sin embargo el sujeto del derecho educativo”, afirma la nota de la Comisión de Educación de la CEE.
Pero además los obispos recalcan que “no puede excluirse del ámbito escolar la educación de la dimensión moral y religiosa de la persona, de modo que ésta pueda crecer como sujeto responsable y libre. En este ámbito de conocimientos se sitúa la asignatura de Religión, como es habitualmente reconocido en los sistemas educativos europeos”.
Por ello, añaden que “esta asignatura no puede plantearse de manera ajena a la identidad cultural, moral y religiosa de la persona. Pues esta identidad forma parte esencial de la realidad a cuyo conocimiento la escuela ha de introducir a la persona concreta. Conocer y comprender la propia realidad es el método adecuado para poder luego actuar con libertad”.
Los argumentos de un experto en el ámbito educativo
Sin embargo, son más los motivos por los que la “Ley Celaá” despierta la fuerte oposición de importantes sectores sociales. Jesús Muñoz de Priego, abogado experto en Derecho Educativo, asesor de organizaciones educativas católicas y miembro de la Asociación Católica de Propagandistas, ha publicado un sencillo decálogo con argumentos contrarios a esta ley, pero que muestran la dimensión completa de hasta dónde quiere llegar el Gobierno en su imposición ideológica a través de la educación.
Estos son los diez argumentos expuestos por Muñoz de Priego:
1. La LOMLOE supone volver a imponer una ley partidista e ideológica, sin visión de Estado y sin atender el clamor ciudadano y de la comunidad educativa por la estabilidad y a favor de un Pacto de Estado por la Educación.
2. La LOMLOE pretende eliminar la demanda social como elemento a tener en cuenta en la programación de puestos escolares. Es decir, que la Administración ni siquiera debe valorar la elección de las familias, de todos nosotros, los ciudadanos, para establecer las vacantes.
La eliminación de la demanda social supone un paso más a la planificación unilateral de la Administración, el cierre de unidades concertadas con demanda en beneficio de públicas vacías o la consideración de subsidiaria de los centros concertados.
3. La LOMLOE se inventa un “derecho a la educación pública”. El único derecho existente es el “derecho a la educación”, y el mismo se garantiza mediante plazas suficientes en los centros sostenidos con fondos públicos, también, por tanto, en los de iniciativa social o concertados.
4. Vuelve a postergar la enseñanza de la religión: sin alternativas y sin efectos en la evaluación. Uno de los objetivos tradicionales de los gobiernos de izquierda es su opción por el laicismo activo, como ideario de la educación, y con esta Ley lo quieren aplicar incluso en los centros que no son de su titularidad.
5. Se crea una nueva asignatura de Educación en valores cívicos y éticos. Otra “Educación para la ciudadanía” no basada en valores consensuados y compartidos, sino como instrumento de adoctrinamiento.
6. El Consejo Escolar vuelve a funciones de gobierno de la LOE, también en la concertada. Nadie cuestiona la labor de participación y de control económico del Consejo escolar, pero como gobierno supone la posibilidad de establecer frenos a la razón de ser del centro: su ideario.
7. La LOMLOE insiste sospechosamente en los derechos de la infancia, que nadie cuestiona. Intuimos nuevo ataque a las familias, que incluye el olvido de que el garante principal de los mismos son los padres mediante la institución de la patria potestad, no el Estado.
Es inevitable que al ver esta insistencia en los derechos de la infancia, la pongamos en consonancia con la desafortunada reflexión de la Ministra Celaá, de que “los hijos no pertenecen a los padres”. Igual cabría preguntarle si en su opinión ¿pertenecen al Estado, tal vez?
8. Surge la posibilidad de distribución del alumnado por la administración para evitar segregación educativa. Hay quien opina que es una garantía de igualdad. ¿No es más igualdad que la familia elija el que crea el mejor centro para su hijo, en lugar de hacerlo la Administración?
9. La LOMLOE insiste, como las leyes anteriores, en la ausencia de autonomía de los centros. En realidad, hace hincapié en la desconfianza, la centralización, el intervencionismo, las injerencias... sin margen para los centros.
10. Junto a las declaraciones del Ministerio, parece que la LOMLOE cuestiona la supervivencia de los centros específicos de educación especial. Inclusión, Sí... Especial, también. Otro límite a la Libertad de Enseñanza.
La pasada semana, con el estado de alarma todavía vigente, el Congreso de los Diputados rechazó las enmiendas a la totalidad contra la LOMLOE (Ley Orgánica de Modificación de la LOE), la nueva ley de Educación impulsada por Isabel Celaá, titular del correspondiente Ministerio en el Gobierno de Pedro Sánchez. La ley, que no ha intentado ni negociarse ni consensuarse y no ha pasado por el Consejo Escolar del Estado -que sí la examinó en la legislatura anterior-, entra ahora en una fase de enmiendas parciales. No se espera que sea modificada en los puntos que más inquietud despiertan en los padres y en los titulares de centros de iniciativa social.
En un reciente análisis del articulado de la ley remitido a ReL, Luis Zayas la caracteriza como "liberticida, adoctrinadora y estatista" y, ante la limitada oposición social -neutralizada por el Ejecutivo aprovechando el estado de alarma por la pandemia-, llama a la movilización: "Permitir la desaparición de la libertad de educación es dejar a nuestros hijos en manos del Estado y supondráuna gran limitación para la libertad de la Iglesia en su labor evangélica. ¿Nos preocupa?".
Luis Zayas es economista con veinte años de experiencia en dirección financiera, auditoría, control de gestión y planificación estratégica,y profesor asociado en diferentes universidades, entre ellas la Universidad Pontificia de Comillas.
LOMLOE o la Educación como cortijo socialista
Desde 1978, España ha conocido cinco leyes educativas: LODE (Ley Orgánica del Derecho a la Educación, 1985, PSOE), LOGSE (Ley Orgánica General del Sistema Educativo, 1990, PSOE), LOCE (Ley Orgánica de Calidad de la Educación, 2002, PP, no entró en vigor), LOE (Ley Orgánica de Educación, 2006, PSOE) y LOMCE (Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa, 2013, PP).
Todas las leyes que han entrado en vigor y que, por tanto, han configurado el sistema educativo español en los últimos 35 años han sido promulgadas por el partido socialista. Cuando, por fin, tras 35 años de democracia el Partido Popular promulga una ley educativa, lo hace sobre la base de la LOE (ley socialista), por tanto aceptando su marco conceptual y simplemente modificando aspectos de ésta. En definitiva, la educación en España ha sido, y es, cosa de los socialistas. Que lo consideran su cortijo lo demuestra el hecho de que no admiten ninguna ley educativa que no sea suya.
Una escena de 1984, la película rodada ese mismo año por Michael Radford según la novela de George Orwell de 1948: una distopía de corte socialista en la cual es fundamental el adoctrinamiento.
¿Por qué tanto empeño con la educación? Tener el monopolio de la educación es, de alguna manera, tener el control de las personas. Porque educar, digan lo que digan, es más que mera instrucción (adquisición de conocimientos técnicos o capacidades). Educar siempre presupone implícita y explícitamente una visión del hombre, del mundo, unos principios y unos valores. Por eso, frente a lo que nos quieren vender los políticos y pedagogos modernos, no es posible una educación neutral, una educación reducida a mera instrucción. En definitiva, si soy capaz de controlar el sistema educativo tengo en mi poder el mejor instrumento para controlar las mentes de los jóvenes de hoy, adultos del mañana.
Una triple libertad
El control del sistema educativo por el Estado pasa por limitar al máximo, cuando no eliminar, la libertad de educación. Una libertad que se concreta en tres libertades: libertad de elección de centro (que los padres puedan elegir), libertad de creación de centro (variedad de oferta educativa) y libertad de currículum (referida al respeto al ideario del centro y al control e imposición de los contenidos docentes). Tres libertades que han sido cercenadas y prácticamente eliminadas en las sucesivas leyes educativas socialistas.
Este afán liberticida sigue presente en la ley LOMLOE (Ley Orgánica de Modificación de la LOE) que propone el gobierno de Pedro Sánchez.
Una ley que amenaza con eliminar la ya escasa libertad existente en el sistema educativo español, como se demuestra a continuación.
1. En materia de libertad de elección de centro:
· Discrimina la educación diferenciada, gran caballo de batalla del marxismo cultural, concediendo por ley atención preferente y prioritaria a los colegios que desarrollan el principio de coeducación frente a los de educación diferenciada en la concesión y mantenimientos de conciertos educativos (modificación Disposición adicional 25ª.1). Eliminando las referencias del art 84.3 que establecían que la educación diferenciada no podía, en línea con la Unesco, considerarse discriminatoria; ni suponer un trato menos favorable o ni una desventaja para las familias, centros o alumnos.
· Elimina la demanda social como criterio para la concesión o mantenimiento de los conciertos educativos (modificación art. 109.2). El diseño de la oferta educativa no atenderá a los deseos de los padres para sus hijos sino a las ideas de la administración de turno.
· Dificulta, bajo una falsa idea de inclusión, el sostenimiento y futuro de los centros de educación especial (disposición adicional 4ª LOMLOE). Colegios por los que apostaban muchos padres con hijos con discapacidad como la mejor forma de integrar en la sociedad a sus hijos y que hoy ven, con gran preocupación, cómo se cierne una amenaza de inviabilidad sobre ellos.
La LOMLOE, por tanto, reducirá mucho las posibilidades de elección de los padres al dificultar la existencia de colegios con educación diferenciada, de educación especial o concertados.
La ministra de Educación, Isabel Celaá, no pudo ser más clara en su intervención inaugural al Congreso de Escuelas Católicas, al que fue invitada el 14 de noviembre de 2020.
2. En materia de libertad de creación de centro:
· Establece legalmente la obligatoriedad de garantizar la existencia de plazas públicas en todas las zonas educativas (Art. 109.3), lo que supone crear una barrera de entrada para la iniciativa social, abandonar la complementariedad de ambas redes (pública y concertada) que reconoce nuestra normativa vigente y no reconocer el carácter subsidiario que corresponde al sistema público. La norma se coloca a distancia sideral de lo que sería la correcta comprensión y aplicación del principio de subsidiariedad y permite un control total de la administración educativa, al margen del sentir de la sociedad, sobre la oferta educativa.
· Impide a las Administraciones educativas convocar concursos públicos para la construcción y gestión de centros concertados sobre suelo público dotacional (supresión art. 116.8), instrumento que había demostrado su utilidad para apoyar el desarrollo de la iniciativa social.
La LOMLOE da el paso definitivo en la estatalización de la educación, estableciendo además barreras de entrada a la iniciativa social.
3. En materia de libertad de currículum (falta de respeto al ideario del centro, intento de adoctrinamiento)
· Nueva área de Valores Cívicos y Éticos en Primaria (art.18.3) y Secundaria (art.25.7), una nueva Educación para la Ciudadanía, que viene a ser un instrumento para el adoctrinamiento en la idea del gobierno de turno sobre el hombre y el mundo.
· Exigencia de transversalidad de la educación afectivo-sexual en todas las materias en Primaria (art. 19.2) y Secundaria (art. 24.5), verdadera intromisión en el derecho y deber de los padres a educar a sus hijos en sus convicciones morales, filosóficas, pedagógicas y religiosas.
· Inclusión de la perspectiva de género en Secundaria (art. 22.3), mantra del marxismo cultural.
· Reforzamiento del papel del Consejo Escolar frente a la titularidad y la dirección (art. 119.2).
· Inclusión de representantes de la administración en el Consejo Escolar (modificación art 56.1 LODE).
· Educación para el desarrollo sostenible y ciudadanía mundial en los procesos de formación del profesorado (Disposición adicional 6ª LOMLOE).
· Devaluación de la asignatura de Religión que: a) o se elimina de las áreas de conocimiento en Primaria (art.18.2) y en Secundaria (art. 24); no se exige, por tanto, cursar una asignatura alternativa a aquellos alumnos que no eligen religión; b) o pierde su carácter evaluable (modificación Disposición adicional 2ª apartado 3º), violando lo establecido en el Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre enseñanza y asuntos culturales que exige que la asignatura de religión debe ofrecerse en condiciones equiparables al resto de asignaturas.
· Instrumentalización ideológica: al exigir a los centros educativos que fomenten la presencia de alumnas en el ámbito de ciencias, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas y formación profesional (Disposición adicional 25º).
La LOMLOE profundiza hasta niveles desconocidos la instrumentalización del sistema educativo con un objetivo adoctrinador en el marxismo cultural.
Cohesión nacional
Junto a su carácter liberticida, la LOMLOE renuncia a la función integradora y vertebradora de la nación que todo sistema educativo debe jugar. La LOMLOE, a través de la modificación de la disposición adicional 37ª, impide que el castellano se convierta en un elemento de integración nacional al:
· Eliminar el deber de la administración educativa de garantizar una oferta docente sostenida con fondos públicos en la que el castellano sea utilizado como lengua vehicular en una proporción razonable. Es decir, el gobierno renuncia a garantizar la existencia de una oferta pública o concertada con el español como lengua vehicular.
· Eliminar el deber del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, cuando la programación anual de la Administración educativa competente no garantizase oferta docente razonable sostenida con fondos públicos en la que el castellano sea utilizado como lengua vehicular (algo muy habitual en Cataluña y Vascongadas), de asumir íntegramente, por cuenta de la Administración educativa correspondiente, los gastos efectivos de escolarización de los alumnos en centros privados en los que exista dicha oferta con las condiciones y el procedimiento que se determine reglamentariamente, gastos que repercutirá a dicha Administración educativa.
Esta modificación supone un abandono a aquellas familias españolas que quieren que sus hijos se eduquen en la lengua común de todos y una conculcación de sus derechos fundamentales.
La LOMLOE permite que un español no pueda educarse, si es su deseo, en su lengua en su propia nación.
Típicamente socialista
Estamos, por tanto, ante una legislación educativa típicamente socialista: liberticida, adoctrinadora, estatista y debilitadora de la cohesión nacional. Una nueva vuelta de tuerca -quizás ya no hagan falta más- en la supresión de la libertad de educación.
Merma de calidad
En las sociedades actuales el gran elemento de cohesión y promoción social es la educación. Una educación de calidad es un verdadero elemento de ascenso y motor social. Sin embargo, en relación con la calidad, todas las leyes educativas socialistas han ido provocando un deterioro del sistema educativo, del nivel académico de los estudiantes y del respeto y valoración a la figura del profesor. Así lo demuestras las malas valoraciones que obtiene nuestro sistema educativo en los informes internacionales.
Esto no ha sido impedimento para que los socialistas, de nuevo el poder, busquen profundizar en un modelo que ha demostrado ser un auténtico fracaso. Botón de muestra de que para los socialistas lo fundamental no es el funcionamiento del sistema sino el control de éste y, a través de él, de la población.
Álvaro d'Ors señalaba en La violencia y el orden que la España postfranquista se construyó sobre la siguiente fórmula: “Los negocios –el dinero– para los capitalistas internacionales, y las personas para los marxistas”. Esta declaración realizada en 1987 puede resultar exagerada a los oídos del español del siglo XXI.
Sin embargo, cuando nos acercamos al ámbito de la educación uno no puede negar que ésta ha sido el cortijo del socialismo desde la Transición. Quizás ahí tengamos una de las claves de cómo ha sido posible la rápida, y silenciosa, transformación cultural que se ha producido en la sociedad española desde 1970.
Movilización
Jugar con la educación es jugar con el futuro de todos. ¿Somos conscientes? Permitir la desaparición de la libertad de educación es dejar a nuestros hijos en manos del Estado y supondrá una gran limitación para la libertad de la Iglesia en su labor evangélica. ¿Nos preocupa?
El nivel de movilización de las familias e instituciones sociales y religiosas en defensa de una verdadera libertad de educación demuestra un alto nivel de inconsciencia y despreocupación en la sociedad española. ¿Seremos capaces de cambiar? Hay mucho en juego.
La vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo, se ha reunido con el presidente de la Conferencia Episcopal Española y Cardenal Arzobispo de Barcelona, cardenal Juan José Omella, en La Moncloa.
Se trata del primer encuentro entre ambos, tras la renovación de la Presidencia de la CEE, asumida por el cardenal Omella en el pasado mes de marzo. La vicepresidenta se había reunido con el anterior presidente, el cardenal Ricardo Blázquez, con motivo de su despedida.
En el marco de las relaciones con la Iglesia católica, Carmen Calvo también mantuvo un encuentro de bienvenida al nuevo nuncio vaticano en España, monseñor Bernardito Auza, el pasado mes de enero y se constató la fluidez de las relaciones entre España y la Santa Sede.
Esta cita forma parte de la ronda de contactos que inicia la vicepresidenta primera con los representantes de las principales confesiones religiosas implantadas en nuestro país, tras asumir las políticas destinadas al ejercicio del derecho a la libertad religiosa y la relación con todas las confesiones presentes en la sociedad española.
Durante la reunión, se ha constatado la buena disposición de ambos interlocutores que han abordado sin restricciones cuestiones de interés mutuo, que configuran el marco de relación entre la Iglesia católica y el Estado actualmente.
En este sentido, se ha acordado establecer una agenda amplia de trabajo para avanzar en un modelo que permita la colaboración y la resolución de las posibles discrepancias que pudieran plantearse y se han designado a las personas encargadas de ello. Asuntos como la fiscalidad de la Iglesia, la protección a la infancia, las inmatriculaciones o la reforma del marco normativo de la educación, figuran entre las cuestiones que serán abordadas.
Finalmente, se pretende revitalizar los trabajos de la Comisión Mixta, prevista en los Acuerdos con la Sante Sede, como un espacio de trabajo y diálogo institucional que permita actualizar las relaciones entre la Iglesia y el Estado a los momentos en los que vivimos.
