Los delegados de Enseñanza y los sindicatos afirman que las ideas para la materia “atentan contra los derechos fundamentales
avalados por los pactos internacionales, la propia Constitución Española y los acuerdos Iglesia-Estado.
Publicado originalmente en Vida Nueva Digital
Los delegados de Enseñanza de Castilla y León se reunieron ayer, 15 de enero, con los representantes de las organizaciones
sindicales mayoritarias de los profesores de Religión (ANPE, CSIF y APPRECEYL) para abordar la situación que, tal como revela la
Delegación Diocesana de Enseñanza del Obispado de Zamora, se desprende de las propuestas socioeducativas de la coalición.
Durante la reunión se llegó a la conclusión de que “las iniciativas anunciadas por el actual Gobierno”, en lo que atañe a la asignatura
de Religión, “son absolutamente inviables desde el punto de vista jurídico”. Esto es así porque “atentan contra los derechos
fundamentales avalados por los pactos internacionales, la propia Constitución Española y los acuerdos Iglesia-Estado”.
“La asignatura de Religión no es un privilegio de la Iglesia, sino que ésta se limita a dar respuesta a la demanda social de las
familias, que en algunas diócesis alcanza a tres de cada cuatro alumnos del sistema escolar”, apuntaron los delegados diocesanos.
Del mismo modo, los representantes sindicales recalcaron que su interés radica únicamente en “defender los derechos sociolaborales del profesorado”.
No escuchar a las familias
Asimismo, los delegados diocesanos señalaron que la propuesta “nace desoyendo a la mayoría social de las familias” españolas, y
cuestionaron la “legitimidad moral” de la misma.
En la misma línea, los portavoces episcopales han indicado que “no se pueden obviar las soluciones integradoras que existen en
Europa” y que es oportuno y necesario “mirar hacia ellas para encontrar una solución definitiva a la presencia digna de la asignatura
de Religión en los centros públicos, privados y concertados de nuestras diócesis”.
En programa de PSOE y Unidas Podemos para el nuevo Gobierno se especifica que, además de derogar la LOMCE, la asignatura de
Religión “será de carácter voluntario para los estudiantes sin que haya una asignatura alternativa ni la nota sea computable a
efectos académicos. Además, se subraya que se impedirá “la segregación educativa por razón de sexo en los centros sostenidos con
fondos públicos”, como ocurre en algunos concertados.
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